lunes, 2 de septiembre de 2019

Semana de Representación - Agosto 2019

A continuación detallo las actividades realizadas en la semana de representación de Agosto.

1.  Desarrollo de "Taller de Seguridad Ciudadana" dirigido a los integrantes de las Juntas Vecinales.




2. Visita a Huanchaco para inspeccionar las obras que fueron abandonadas después de los Bolivarianos del 2013. Estuvimos con el Gerente Regional de Control La Libertad Ronny Urbina y con la Gerente Municipal Mónica Guzmán Sosa, con quienes conversamos sobre la importancia de la recuperación de estas obras.




3. Reunión con el Dr. Luis Carranza Castillo, Gerente General de ESSALUD La Libertad, para conversar sobre las principales problemáticas que existen en Trujillo. Solicitamos mayor presupuesto para implementación adecuada de centros de atención.




4. Nos reunimos con Ever Cadenillas, Vicegobernador del Gobierno Regional de La Libertad, para informarnos sobre las acciones que están tomando para la Reconstrucción con Cambios. Comprobamos que la no inclusión de expedientes técnicos en las obras ha originado su entrampamiento y paralización, generando baja ejecución.







Delincuencia avanza y Gobierno sigue sin actuar

La inseguridad ciudadana sigue siendo uno de los principales problemas del país. Requiere más que nunca atención prioritaria por parte del Poder Ejecutivo, cuyo gobernante tiene su atención en una agenda monotemática de confrontación política, propiciando más conflictos sociales (¿Tía María?).
Mientras tanto, en los últimos quince meses, las víctimas del delito callejero se incrementaron en todo el país, sobre todo en Lima (INEI, abril 2019), mientras que los ciudadanos aseguran que el patrullaje ha disminuido en su distrito, dejando la ciudad en manos de los delincuentes (IEP, marzo 2019).
Esto es muy grave, pues al incrementarse el miedo ciudadano y ante la ausencia de autoridad, se puede sustituir la justicia por linchamientos u otras acciones defensivas de la ciudadanía, pero al margen de la ley.
En el contexto descrito, considero importante y necesario impulsar medidas para enfrentar este flagelo. Sugiero algunas como estas:
-Mejorar logística de la PNP y mayor apoyo legal (como leyes de legítima defensa ciudadana domiciliaria o el principio de racionalidad en el uso de la fuerza policial, etc)
-Incorporar al sistema de seguridad ciudadana, y bajo el ámbito policial, a la red de seguridad privada (80 mil efectivos) con su logística, perfeccionando la ley de servicios de la seguridad privada.
-Promover desde el Poder Ejecutivo la implementación de sistemas de videovigilancia inteligentes en los principales distritos de las ciudades más grandes y con mayor índice de delincuencia.
-Implementar el sistema de vigilancia electrónica personal (destugurizar penales de delincuencia primaria sin alta peligrosidad).
-Impulsar la mejora de infraestructura policial a través de obras por impuestos y APP.
-Impulsar la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y el contrabando, mediante la instalación de escáneres en puertos, aeropuertos y principales vías de comunicación.
El Poder Ejecutivo, en lugar de preocuparse por resolver este grave problema, sigue con la confrontación política, sin atender urgentes demandas de la población. Por lo que debe conformar una agenda de consenso de todas las fuerzas políticas e instituciones de la sociedad civil. Ese debe ser el tenor del próximo diálogo entre Ejecutivo y Legislativo.

martes, 20 de agosto de 2019

Instalación de la Comisión de Justicia

REACTIVACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL-CONAPOC


En el Parlamento quinquenio pasado impulsamos con mucho entusiasmo la creación del Consejo Nacional de Política Criminal-CONAPOC, presidido por el Ministro de Justicia e integrado por el Presidente del Poder Judicial, el Presidente de la Comisión de Justicia y DDHH del Congreso, el Fiscal de la nación, el Ministro del Interior, entre otros con la finalidad de analizar el fenómeno social del delito y coadyuvar a la aprobación de medidas concertadas para combatirlo. Esto quedó plasmado en La Ley N°29807. 

Precisamente, en el artículo 7° de esa norma legal, se establece que el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y el INPE, informan trimestralmente, entre otros aspectos, sobre las excarcelaciones y el número de internos que salen de los penales indicando el motivo, preceptuando también que dicha información no tiene carácter de reservada, debiendo ser publicada en los portales de transparencia de las entidades que las otorgan.

Han transcurrido casi nueve años y esta ley no se cumple. Incluso, el propio ministro de Justicia, ha informado que el CONAPOC se encuentra desactivado desde hace dos años. Ha prometido relanzarlo.

Armonizar los criterios, en la sistematización publicación de los procesos judiciales y resoluciones que permitan al Perú calificar para su ingreso a la OCDE.

Revisar la legislación para adecuar el ordenamiento normativo, relacionado a la Ciberdelincuencia, de conformidad con el Convenio de Budapest, suscrito y ratificado por el Perú.


Priorizar la reforma del Código Procesal Penal, para fortalecer la labor de la INVESTIGACIÓN POLICIAL en el ámbito penal.

 Revisar la legislación para el fortalecimiento de la Academia Nacional de la Magistratura para la formación de los jueces, SIN SESGO POLÍTICO, sino por el contrario una formación con conocimiento del ordenamiento jurídico de cara al siglo XXI.





lunes, 19 de agosto de 2019

Instalación de la Comisión de Inteligencia



Agradezco la confianza depositada para ejercer la presidencia de esta importante comisión.
Como ustedes saben existen tres tipos de controles en el ámbito de Inteligencia, el control gubernamental, el control legislativo y el control judicial, consagrados en la legislación peruana más reciente, tanto en el Decreto Legislativo 1141, con en sus modificatorias contenidas en la ley Nº30535.
En ese orden de ideas, es necesario tener presente, entre otros aspectos, en lo que concierne a nuestras atribuciones de control legislativo de la actividad de Inteligencia, lo siguiente:

1.    Que la Comisión de Inteligencia puede requerir información clasificada y no clasificada a todos los componentes del Sistema de Inteligencia Nacional - SINA, por intermedio de la Dirección Nacional de Inteligencia - DINI, así como iniciar, cumpliéndose lo estipulado en el artículo 88 del Reglamento del Congreso, o disponer investigaciones de oficio respecto a los componentes de dicho sistema. Asimismo, puede requerir información clasificada a los jueces superiores ad hoc.

2.    En ese orden de ideas, necesario es recordarlo, que es obligación de la DINI, como ente rector del SINA, informar permanentemente a la Comisión de Inteligencia sobre el Plan de Inteligencia Nacional - PIN y los Planes Institucionales de Inteligencia-PII; las políticas que sobre la materia emitan el ente rector y los componentes del Sistema de Inteligencia Nacional - SINA.

Transcurridos tres años de nuestra participación en esta Comisión, es conveniente preguntarnos: ¿Por qué y para qué es necesario controlar la actividad de inteligencia? En lo que a mí respecta, respondo que el control de los órganos y actividades de inteligencia debe ser aceptado y asumido como una consecuencia ineludible del carácter democrático del Estado y de su lógica derivación, el público examen de la actividad gubernativa, y la exigencia de legitimidad y de eficacia que dicho carácter plantea, para toda institución gubernamental. Por otra parte, se trata de una actividad que presenta rasgos distintivos respecto de otras actividades estatales. Se trata de una actividad caracterizada por el secreto, que protege sus fuentes y métodos, y que frecuentemente realiza actos de carácter subrepticio, y esto último constituye una excepción a uno de los principios fundamentales del sistema republicano, la publicidad de los actos de gobierno. Por eso nuestra labor de control político debe ser ejercida con responsabilidad y firmeza.

Estoy seguro, que contaré con el apoyo de ustedes colegas en dicho propósito.



miércoles, 14 de agosto de 2019

Reflexiones sobre debate de informe de Ministro de Economía y Finanzas y Ministro de Energía y Minas respecto a proyecto minero Tía María



 ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Pues habría que preguntarle al presidente de la República y lo que significa para la economía de nuestro país y la estabilidad jurídica, sus “compromisos” ante el gobernador regional y alcaldes distritales de Arequipa, para justificar los ACTOS PREPARATORIOS de la suspensión del proyecto Tía María, con expresiones como estas:

“tengo que preparar el argumento”; “ya ustedes saben cuál va a ser la posición, pero no puedo adelantarla públicamente”;
“(la mina) ha cumplido su procedimiento administrativo. Lo que hay que hacer es revertirlo, pero revertirlo administrativamente”; “las posiciones técnicas, que ustedes tengan, las respaldo”; “lo único que digo es que juntos hay que buscar la forma de retrotraer todo”; “…si en un mes ven que yo no cumplo, allí hagan una medida radical…”

    La posterior “suspensión”, que en realidad es ya una cancelación, del mencionado proyecto minero por 120 días, confirma que el señor presidente PREFIERE imponer su popularidad atacando a instituciones democráticas, que llevar a cabo proyectos de inversión que generen empleo e ingresos al erario nacional.

 En ese orden de ideas, los acontecimientos en torno al proyecto minero le han restado credibilidad al Poder Ejecutivo, afectando la institucionalidad del ministerio de Energía y Minas, así como la imparcialidad del Consejo de Minería.

    Obsesionado por mantener su popularidad, el presidente Vizcarra da marchas, luego contramarchas, tiende a la indecisión, luego al retroceso. Le ocurrió antes con los pescadores, luego con los transportistas.

   Esta vez, en la difusión de un audio, del 24 de julio último, se aprecia a un Presidente, que no solo es incapaz de defender mínimamente una decisión administrativa adoptada por su gobierno, como es la de otorgar la licencia de construcción al proyecto Tía María, lo más grave aún, es que el mandatario de la nación CONFABULA Y ASUME compromisos con autoridades cuya ideología política es enemiga acérrima de la minería y de la inversión privada.

     Las acciones descritas, podrían comprender, entre otros, los siguientes delitos: asociación Ilícita para delinquir (por la aparente concertación de un acto administrativo doloso, al anular una licencia de construcción que habría cumplido con todos los requisitos); falsedad genérica (por alterar la verdad para perjudicar a terceros); u omisión de funciones (respecto a funcionarios públicos que realizan una gestión deficiente).

  Sin embargo, el presidente de la República prefiere confrontar en lugar de gobernar. Al respecto, debo recordar que, durante el año y medio de gestión, el Parlamento, no le ha impedido gobernar, ni le ha puesto trabas a la inversión pública, ni le ha impedido combatir la inseguridad ciudadana, o resolver los problemas de salud, educación, infraestructura o los conflictos sociales como Tía María. Incluso debatió y aprobó las reformas de la administración de Justicia como quería el gobierno, ¿Eso es obstaculizar? ¿Aprobar las reformas políticas SIN respetar la esencia, le ha impedido gobernar a Vizcarra? La respuesta, ya la conocemos.

Para terminar, y aprovechando la presencia del titular de Economía, debo decirle señor ministro que el gobierno que usted representa, en este año y medio de gestión, muestra resultados alarmantes. Por ejemplo, la Desaceleración del crecimiento, para el 2019 se sitúa en no más de 2,5 % y cualquier cambio será hacia el descenso.
En relación al empleo, aquí el sector privado durante el año sumará un número inferior a los 42,102 empleos formales generados en el año 2017. En relación a la inversión privada, será este año cero o insignificante. Con respecto a la lucha contra la pobreza, al igual que en el 2017, por lo menos 315,000 peruanos más regresarán a la condición de pobres.


Respeten el Estado de Derecho y la seguridad jurídica, señores del gobierno. No confronten, concerten.

Balance de Gestión 2018-2019

Comparto el resumen de mi gestión legislativa y de representación en el período 2018 - 2019. ¡Reitero mi compromiso de seguir trabajando por nuestro Perú! 

#CongresistaOctavioSalazarMiranda




1.   LEY N° 30876
QUE OTORGA RECONOCIMIENTO DE TIEMPO DE SERVICIO COMO OFICIAL DE SERVICIO A ENFERMERAS QUE INGRESARON EN PROCESO DE ASIMILACIÓN PNP 1995.
2.   LEY Nº 30901
LEY QUE IMPLEMENTA UN SUBREGISTRO DE CONDENAS Y ESTABLECE LA INHABILITACIÓN DEFINITIVA PARA DESEMPEÑAR ACTIVIDAD, PROFESIÓN, OCUPACIÓN U OFICIO QUE IMPLIQUE EL CUIDADO, VIGILANCIA O ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS O ADOLESCENTES

3.   LEY N°30681
QUE REGULA EL CULTIVO, PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y CONSUMO MEDICINAL DEL CANNABIS Y SUS DERIVADOS. LEY QUE REGULA EL USO MEDICINAL Y TERAPÉUTICO DEL CANNABIS Y SUS DERIVADOS
4.   LEY 30908
LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, PARA GARANTIZAR EL DERECHO
DE LIBRE ELECCIÓN DE SERVICIO NOTARIAL.
  
5.   LEY N°: 30731
LEY DE DESARROLLO Y COMPLEMENTARIA DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL, ACCESO AL SUELO Y DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS, PARA IMPLEMENTAR PROGRAMAS MUNICIPALES DE VIVIENDA.

6.   LEY Nº 30686
QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 86, 87, 96 DEL DECRETO LEGISLATIVO 1149, LEY QUE MODIFICA LA LEY DE LA CARRERA Y SITUACIÓN DEL PERSONAL DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ.

7.   LEY Nº: 30538
QUE PROPONE DECLARAR DE PREFERENTE INTERÉS NACIONAL LA CREACIÓN DEL DISTRITO DE ALTO TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, CON LA FINALIDAD DE UNA MEJOR DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE PERMITA UNA EFICIENTE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, LO CUAL SE REVERTIRÁ EN EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN Y EL DESARROLLO LOCAL.


8.   LEY Nº: 30610 LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 316 E INCORPORA EL ARTÍCULO 316-A AL CÓDIGO PENAL, TIPIFICANDO EL DELITO DE APOLOGÍA DE TERRORISMO.

9.   LEY Nº: 30795: LEY PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS

10.    LEY Nº: 30904

QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 151°, 154°, 155° Y 156° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ EN RAZÓN AL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA.

11.   LEY 30908
LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, PARA GARANTIZAR EL DERECHO
DE LIBRE ELECCIÓN DE SERVICIO NOTARIAL.